Aún se halla pendiente de dictamen en la Comisión de Cultura del Congreso, y de debate en el pleno, el Proyecto de Ley de la Cinematografía y el Audiovisual Peruano presentado por el Ejecutivo en setiembre del año pasado.
El proyecto de ley establece que cada año el Ministerio de Cultura otorga estímulos económicos a personas naturales y jurídicas que participan en la actividad cinematográfica y audiovisual con cargo a los recursos del presupuesto institucional. El monto total no debe ser menor de seis mil unidades impositivas tributarias. De aprobarse, triplicaría lo que el Estado entrega actualmente como estímulos al cine peruano.
En el artículo 4 del proyecto se dice que una de las finalidades del otorgamiento de los estímulos es “el desarrollo de las cinematografías regionales en todo el país”, y el artículo 6, titulado “apoyo a la actividad cinematográfica y audiovisual descentralizada”, parecería apuntar a ese objetivo. Tal artículo establece que se asignará no menos del 30% del total de los recursos programados cada año, para “incentivar la actividad cinematográfica y audiovisual en las regiones del país, de forma descentralizada”.
No obstante, los dos gremios de cineastas regionales, ACRIP (Asociación de Cineastas Regionales e Independientes del Perú) y RCP (Realizadores de Cine Peruano), han objetado ese artículo, pues, tal como está redactado, el 30% señalado no estaría orientado necesariamente hacia proyectos cinematográficos originados en las regiones sino a los que van a ser solamente ejecutados en ellas.
Así, se podría beneficiar con ese 30% a empresas limeñas que planteen ejecutar sus proyectos en regiones, ignorándose –de ese modo- que desde hace más de veinte años existe un cine generado en las mismas regiones del país, que ha producido más de ciento cincuenta largometrajes, y que cuenta con decenas de realizadores que viven en las regiones, tienen proyectos propios y aspiran a obtener el respaldo del Estado.
La objeción de los gremios que agrupan a los cineastas regionales es aún más atendible en cuanto ya existe el antecedente de que uno de los premios exclusivos para regiones del último concurso de gestión cultural convocado por la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura, fue otorgado a una empresa limeña.
Por ese motivo, es recomendable que el mencionado artículo 6 sea modificado, de manera que se señale explícitamente que ese 30% de los recursos será destinado a incentivar la actividad cinematográfica y audiovisual de empresas y cineastas domiciliados en las regiones.
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