Una democracia saludable no necesita proteger a su ciudadanía de una película; necesita protegerlos de aquellos que creen tener el derecho de decidir qué películas pueden verse o no. Con el fujimorismo y todos sus mecanismos dilapidando la gestión pública, incluido el Mincul y el LUM, estamos muy pero muy lejos de eso, reflexiona la autora del artículo en las siguientes lineas a propósito de la censura oficial a la exhibición de los filmes Revolutionaries Never Die y Santidad
Por Mónica Delgado
No voy a exponer un panorama histórico del cine censurado en Perú, pero sí proponer algunas razones de los silencios recientes en los que ha caído el sector que debe defender la libertad de expresión y las buenas condiciones de exhibición: el Ministerio de Cultura. ¿Qué ocurre cuando una película peruana encuentra obstáculos para su exhibición? ¿Qué sucede cuando una película en general es retirada, cuando una función previamente anunciada es cancelada por razones diplomáticas o cuando una institución pública decide qué determinada obra o no resulta inconveniente? Por un lado, está la controversia alrededor de Santidad (2026), película peruana de Rodolfo Espinoza Ríos, cuya producción denunció dificultades para su exhibición en Cusco y vinculó esa situación con una cláusula relacionada con el Arzobispado. Por otro, la cancelación en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) de una proyección de Revolutionaries Never Die (2026), filme palestino programado por el Lima Alterna Festival, decisión atribuida a funcionarios del Ministerio de Cultura.
En la primera censura, intervienen actores privados y una institución religiosa; en la segunda, una institución estatal dependiente del mismo Mincul. La Constitución Política del Perú no deja demasiado espacio para la ambigüedad en este punto. El artículo 2, inciso 4, reconoce las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento “sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos”. El inciso 8 reconoce la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica y establece que el Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Es decir, el Estado está violando los derechos a la creación y el acceso a la cultura, y avalando estos atropellos. ¿Cómo esto se volvió aceptable?
Una película puede incomodar, cuestionar, provocar, ironizar, representar conflictos religiosos, discutir acontecimientos históricos, criticar gobiernos o poner en cuestión instituciones, por eso necesita protección. La libertad de expresión no se pone a prueba cuando alguna película confirma lo que todos quieren escuchar. ¿Por qué el sector cinematográfico peruano no reacciona con la misma contundencia frente a todos los obstáculos que afectan la circulación de sus películas? Cuando les recortan salas tras haber aceptado las reglas del neoliberalismo de la exhibición lanzan el grito al cielo, pero no cuando está en juego qué ver, y más aún cuando el que impide las proyecciones es el mismo estado, como pasa con el film palestino.
Durante años hemos hablado de la necesidad de fortalecer el cine peruano, de aumentar los estímulos, de formar públicos, de mejorar la distribución, de internacionalizar nuestras películas y de construir una industria audiovisual. Pero parece que importa un rábano las condiciones en las cuales se exhibe al final de cuentas, lejos del manto del capital y el cine como un objeto más de consumo. Parece que todos están pensando que exhibir implica la anuencia y ruegos a Cineplanets y demás multicines para que no abollen al cine peruano. Hace años que hay una preponderancia para hacer circular la plata vía estímulos de producción, pero se sigue indiferente frente a las condiciones paupérrimas de exhibición: Mincul puede ayudar a que una película exista y después permanecer callado cuando esa película encuentra obstáculos para llegar a su público. Es más, ellos mismos callan ante la censura. O incluso, por supuestas razones diplomáticas, en pro de un estado que aniquila, hasta se convierte en censor. Inaceptable. Resulta insuficiente pensar que el Ministerio de Cultura debe defender únicamente las películas que financió. Su responsabilidad respecto de la libertad artística y del acceso a la cultura tiene un alcance mucho mayor.
Ya sabemos que el Mincul, a través de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (Dafo), es fundamentalmente una ventanilla que entrega estímulos, cuya función termina cuando se deposita el dinero y se verifica que se cumplan determinadas obligaciones administrativas. Pero los funcionarios están lejos de cumplir sus roles: no estar indiferentes frente a los problemas estructurales que afectan la circulación cinematográfica y que, cuando él mismo interviene como programador o administrador de espacios culturales, lo haga respetando escrupulosamente los derechos fundamentales.
Es imperativo defender películas comerciales y experimentales; películas financiadas y autofinanciadas; películas políticas y películas que no lo son; películas con las que estamos de acuerdo y películas que nos parecen equivocadas. Frente a cada caso de restricción de una obra cinematográfica, habría que abandonar la lógica de la conveniencia y regresar a preguntas elementales: ¿cuál es el derecho afectado?, ¿quién lo restringe?, ¿con qué fundamento?, ¿qué procedimiento se siguió?
Una democracia saludable no necesita proteger a su ciudadanía de una película; necesita protegerlos de aquellos que creen tener el derecho de decidir qué películas pueden verse o no. Con el fujimorismo y todos sus mecanismos dilapidando la gestión pública, incluido el Mincul y el LUM, estamos muy pero muy lejos de eso.